El Ayuntamiento de Port Phillip (el Ayuntamiento) está impulsando una propuesta para modificar la normativa municipal dirigida a las personas sin hogar, en contra del dictamen de los expertos.
En febrero compartimos una carta enviada al Ayuntamiento en la que se expresaba preocupación por una propuesta de modificación de la normativa municipal que afectaba a las personas sin hogar. El miércoles21 de mayo, el Ayuntamiento se reunió para examinar una serie de asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, el bienestar público y la situación de las personas sin hogar. En la reunión se abordaron, entre otros, los siguientes temas:
- El informe final de la Mesa Redonda sobre Seguridad Comunitaria de Ian Gray;
- Una carta conjunta de varias organizaciones comunitarias, encabezada por Southside Justice, en la que se rechaza la propuesta inicial de ordenanza municipal del concejal Hardy;
- Una petición ciudadana firmada por más de 1300 personas en contra de las multas a las personas sin hogar;
- Asesoramiento jurídico y normativo interno del Ayuntamiento.
¿Qué se decidió?
Felicitamos al Consejo por haber aprobado por unanimidad una moción para aplicar de inmediato diez de las recomendaciones prácticas de Ian Gray, formuladas en la Mesa Redonda sobre Seguridad Comunitaria, que pueden llevarse a cabo dentro del presupuesto actual. Puede consultar las diez recomendaciones aprobadas en el punto 3.7 del acta de la reunión aquí.
Es importante destacar que ninguna de estas recomendaciones se ve reforzada por nuevas leyes locales. De hecho, el informe desaconsejaba cualquier modificación de la legislación local. Las recomendaciones hacían hincapié en enfoques no punitivos y basados en datos empíricos para la seguridad de la comunidad, centrándose en la coordinación de servicios, la divulgación y la promoción de una mayor inversión en respuestas integrales.
Un paso adelante, otro atrás
A pesar del acuerdo unánime para seguir adelante con las recomendaciones de Ian Gray, el Consejo también votó por 6 votos a favor y 3 en contra a favor de llevar a cabo una consulta ciudadana sobre una nueva propuesta de ordenanza municipal.
La nueva propuesta de ley municipal otorgaría al director general del Ayuntamiento la facultad de declarar determinadas zonas como «zonas de prohibición de acampadas» si considera que se está afectando al bienestar o la seguridad públicos.
Una vez que se declara una zona:
- Los funcionarios municipales podrían pedir a las personas que duermen en la calle que se marchen y retiren sus pertenencias, pero solo después de haberles ofrecido servicios de apoyo y la oportunidad de ponerse en contacto con los proveedores de servicios locales.
- Si una persona no cumple con lo establecido, los agentes podrían ordenarle que retire el «material de acampada» y, si se hace caso omiso de dicha orden, dicho material podría ser confiscado y retenido.
- El término «material de acampada» se define de manera amplia e incluye tiendas de campaña, sacos de dormir, almohadas e incluso cajas de cartón aplastadas.
- La propuesta del Consejo afirma que el objetivo es «disuadir» de acampar en espacios públicos y sugiere que un grupo de tres o más personas que parezcan estar acampando podría considerarse un riesgo para la seguridad.
Aunque esta nueva propuesta tiene un alcance más limitado que la original del concejal Hardy, sigue suscitando inquietudes en relación con la Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades de Victoria. La ley seguiría permitiendo, en teoría, la incautación de las pertenencias de las personas en función del lugar y la forma en que duermen. Como hemos argumentado anteriormente, no existe una relación clara, lógica y basada en pruebas que establezca que las personas que duermen en la calle supongan un riesgo real para la seguridad de la comunidad, y no está claro cómo estas medidas contribuirían directamente a mejorar la seguridad de la comunidad.
Consulta a la comunidad
La comunidad tiene ahora hasta el 29 de junio de 2025 para pronunciarse sobre la propuesta de normativa local, así como sobre otros temas relacionados con la seguridad de la comunidad. El proceso de consulta ha suscitado varias inquietudes, a saber:
- Falta de aportaciones basadas en la experiencia vivida: Las personas más afectadas por estas leyes, aquellas que han vivido en la calle, se enfrentan a importantes obstáculos para participar en la encuesta debido a su complejidad y diseño. El Ayuntamiento aún no ha explicado cómo piensa garantizar una consulta adecuada con esta comunidad.
- Amplios criterios de participación: La encuesta está abierta a cualquier persona que «visite» o «solía visitar» la ciudad de Port Phillip, lo que aumenta el riesgo de que se reciban respuestas estigmatizantes y perjudiciales por parte de personas que no tienen ningún vínculo con la comunidad local.
- Enmarcado engañoso: La ley propuesta se presenta como una solución neutral y razonable para la «seguridad de la comunidad», a pesar de que no hay pruebas de que este tipo de leyes mejoren la seguridad o el bienestar. De hecho, este planteamiento da a entender que se necesitan leyes coercitivas para acceder a los servicios de apoyo, lo cual es tanto inexacto como perjudicial.
Próximos pasos
Southside Justice mantiene su compromiso con la defensa de enfoques de seguridad comunitaria basados en datos empíricos y que respeten los derechos. Seguiremos de cerca el proceso de consulta, solicitaremos asesoramiento jurídico adicional y exigiremos que se escuche y respete la voz de quienes han vivido en primera persona estas situaciones.
