Mayo de 2026
El Ayuntamiento de Port Phillip ha aprobado recientemente una medida para sancionar a las personas que duermen en la calle, en contra de los deseos de la comunidad y del consejo de los proveedores de servicios locales.
Los abajo firmantes nos hemos opuesto sistemáticamente a esta modificación injustificada de la legislación local.
Se centra específicamente en el «equipamiento de los campamentos» —es decir, los colchones, mantas, sacos de dormir y efectos personales de las personas que duermen en la calle— y permite a los agentes de policía locales retirarlos en respuesta a preocupaciones poco claras sobre «la seguridad y el bienestar».
No aporta nada nuevo a la legislación local ya vigente en materia de retirada de objetos abandonados o que causen obstrucciones. Tampoco aporta nada nuevo a los procedimientos que ya se utilizan para poner en contacto a las personas que duermen en la calle con los proveedores de servicios locales que pueden prestarles ayuda.
Lo único que hace es dar permiso para castigar a las personas por el simple hecho de no tener hogar, quitándoles lo que necesitan para sobrevivir y sentirse seguras.
No hay ninguna situación en la que esto sea una respuesta razonable, proporcionada o práctica ante ningún tipo de «comportamiento».
Observamos que tres concejales de Port Phillip se pronunciaron en contra de la enmienda, debido a su evidente potencial de vulnerar los derechos humanos y a los riesgos jurídicos que plantea para el Ayuntamiento. También tomamos nota con gratitud de que 708 personas —entre ellas, 105 personas que han vivido en la calle— compartieron sus opiniones en una rigurosa consulta comunitaria, en la que el 76 % de los encuestados se opuso a cualquier medida destinada a retirar a las personas los artículos de supervivencia.
Cuando tanta gente te dice que es una mala idea, seguir adelante con ella resulta incomprensible.
¿Y ahora qué? Estaremos atentos a la aplicación de esta ley municipal innecesaria y no nos quedaremos callados ante el daño que causa.
Apoyaremos el protocolo que acompaña al cambio legislativo, el cual obliga a los agentes de policía locales a derivar a las personas a los servicios de asistencia social en primera instancia, aunque señalamos que esto se podría haber hecho sin necesidad alguna de modificar la ley.
Y seguiremos impulsando medidas concretas para reducir el número de personas sin hogar y aumentar la seguridad en la comunidad: como programas de asistencia en la calle con más recursos, atención sanitaria y de salud mental, lugares donde se ofrezcan comidas y duchas y, lo más importante, viviendas seguras y accesibles.
