En 2026, el ecosistema de la vivienda social del sur del centro de Melbourne está sufriendo graves trastornos, lo que refleja cambios sistémicos más amplios en la política de vivienda y una creciente dependencia de los modelos de vivienda de mercado y comunitaria. Southside Justice está actuando en múltiples frentes para hacer frente a los efectos acumulativos que estos cambios están teniendo sobre los residentes.
Respondemos a los residentes afectados por el anuncio realizado a principios de este año sobre la «Tercera Fase» del plan del Gobierno de Victoria para la remodelación de los complejos de viviendas públicas de gran altura en Melbourne. Este programa supone una transformación significativa del sistema de vivienda pública, lo que suscita inquietudes en torno al desplazamiento de los residentes, la pérdida de parque de viviendas públicas y la asequibilidad y seguridad a largo plazo de las viviendas de sustitución.
Esto incluye la demolición prevista de cuatro bloques de pisos para personas mayores en Prahran, St Kilda y Albert Park, anunciada a finales de enero. Estamos proporcionando información y asesoramiento a los residentes sobre sus opciones y derechos en el marco del plan de reubicación de Homes Victoria, con el objetivo principal de garantizar que los residentes puedan tomar decisiones con conocimiento de causa.
Al mismo tiempo, estamos prestando asistencia a los residentes de viviendas sociales de Oasis afectados por la venta propuesta de sus viviendas por parte de Housing First, un proveedor de viviendas sociales con sede tradicional en la zona de la ciudad de Port Phillip y que presta sus servicios en ella. Esta situación pone de relieve las crecientes presiones financieras y operativas a las que se enfrentan los proveedores de viviendas sociales, cuyas consecuencias pueden tener un impacto significativo en los residentes.
También hemos estado prestando asistencia jurídica y defendiendo los intereses de los residentes que fueron realojados anteriormente de viviendas sociales —en particular, del complejo Barak Beacon en Port Melbourne— y que ahora se enfrentan a las consecuencias de unos contratos de alquiler precarios de «arrendamiento principal». El reportaje publicado en The Age sobre Gail y Laura, clientas de Southside Justice, pone de relieve esta cuestión.
Paralelamente a esta labor, y gracias a la financiación del Ayuntamiento de Port Phillip, también hemos podido ayudar a los inquilinos del sector privado de la ciudad que se enfrentan a problemas relacionados con la legislación sobre arrendamientos, como los aumentos de alquiler y la aplicación de las normas mínimas de alquiler que afectan a la salud y la seguridad. Esta demanda refleja las presiones generales que se viven en el mercado del alquiler privado, donde la escasa aplicación de las normas mínimas sigue poniendo en riesgo a los inquilinos.
Para completar el panorama, tras la votación del Ayuntamiento de Port Phillip para modificar la normativa local —a la que Southside Justice se opuso firmemente—, el 1 de junio de 2026 entraron en vigor nuevas competencias para confiscar el «equipamiento de los campamentos» de las personas sin hogar en determinadas circunstancias. Estos cambios forman parte de una tendencia más amplia en toda Australia hacia la regulación y la criminalización de la falta de vivienda. Southside Justice se compromete a supervisar y cuestionar la aplicación y el uso de estas competencias, así como a apoyar a otros servicios locales para que hagan lo mismo, al tiempo que sigue abogando por respuestas que aborden las causas estructurales de la falta de hogar.
-Jess Richter, directora de Políticas y Defensa de los Intereses
