Nuestra propuesta refleja las opiniones y experiencias de las personas con las que trabajamos a diario. Personas que dependen de la vivienda pública no solo para tener un techo, sino también para gozar de estabilidad, sentido de comunidad y dignidad.
Nuestras recomendaciones
La toma de decisiones debe ser abierta y transparente
- El Gobierno de Victoria debería garantizar la transparencia haciendo públicos todos los documentos en los que se ha basado la decisión de reubicar a los residentes y demoler sus
Retos para la estabilidad de la comunidad
- El Gobierno de Victoria debería suspender el proceso de reubicación del número 259 de Malvern Road hasta que finalice la construcción de las viviendas sociales de Simmons Street. Esto permitirá que los residentes que deseen permanecer en la urbanización sean los primeros en trasladarse a las nuevas viviendas, lo que reducirá al mínimo las molestias y mantendrá la cohesión de la comunidad.
- El Gobierno de Victoria debería evaluar las repercusiones de los traslados y elaborar estrategias para hacer frente a las interrupciones en los servicios, dando prioridad a la cohesión social, especialmente en el caso de las comunidades vulnerables.
- El Gobierno de Victoria debería garantizar que los servicios esenciales, como la guardería situada en el número 259 de Malvern Road, se mantengan y se trasladen a un lugar cercano al complejo residencial Horace Petty Estate.
- El Gobierno de Victoria debería crear una oficina temporal o garantizar la existencia de una Oficina de Vivienda en Prahran a la que puedan acudir los residentes de South Yarra y Prahran, con el fin de mantener una colaboración y un apoyo eficaces.
- El Gobierno de Victoria debería adoptar medidas para mitigar el impacto de las obras en curso sobre el bienestar de los residentes.
Falta de comunicación con los residentes
- El Gobierno de Victoria debería actualizar con mayor frecuencia la página web del Programa de Renovación de Viviendas Públicas con información precisa y exhaustiva. Dicha información debería incluir explicaciones claras de los planos indicativos, calendarios detallados, hitos específicos de los proyectos y cualquier cambio que se produzca en todas las torres.
- El Gobierno de Victoria debería garantizar que el equipo de realojamiento tenga su sede permanente en la Oficina de Vivienda de Prahran o en otro lugar accesible, para que los residentes puedan tratar en persona con los responsables de realojamiento y recibir asistencia inmediata.
Dificultades en la reubicación y las ofertas
- El Gobierno de Victoria debería garantizar que los residentes dispongan de tiempo suficiente para leer los documentos de reubicación y solicitar asesoramiento independiente antes de firmarlos.
- El Gobierno de Victoria debería implantar un sistema que permita registrar con precisión las reuniones y conversaciones entre los residentes y los responsables de la reubicación, a fin de garantizar que la documentación relativa a la reubicación refleje fielmente lo acordado verbalmente.
- El Gobierno de Victoria debería garantizar que los formularios de solicitud de adaptaciones especiales presentados por los residentes se respeten y se tengan en cuenta a la hora de asignar las habitaciones.
- El Gobierno de Victoria debería hacer públicas las directrices sobre reubicación. Esto aportará transparencia y claridad sobre cómo se toman las decisiones.
Una traslado única
- El Gobierno de Victoria aplica el principio de «una única reubicación» para garantizar que los residentes no se vean afectados por reubicaciones repetidas.
Carga económica que supone el traslado
- El Gobierno de Victoria debería proporcionar una ayuda económica integral que cubra todos los gastos de realojamiento y las necesidades necesarias. Esto incluye la sustitución de los efectos personales que no se puedan trasladar, como muebles y objetos afectados por el moho o plagas, con el fin de aliviar la carga económica que soportan los residentes.
- El Gobierno de Victoria debería abordar los gastos adicionales a los que se enfrentan los residentes debido a la falta de opciones en su nueva vivienda. Esto incluye cubrir los gastos de sustitución de muebles y electrodomésticos que no encajan, o la compra de aparatos como lavadoras si se mudan de una vivienda con lavandería comunitaria a otra que carece de ella.
- El Gobierno de Victoria debería garantizar que los proveedores de vivienda social no cobren gastos adicionales por la vivienda que superen los que se pagan en la vivienda pública. Si existe una diferencia en los gastos, el Gobierno de Victoria debería hacerse cargo de los costes.
El Gobierno debería dar prioridad a las comunidades afectadas en las consultas.
- El Gobierno de Victoria debería adoptar unas directrices basadas en las mejores prácticas para la consulta con los residentes de los bloques de viviendas públicas, sus representantes y las partes interesadas locales, con el fin de garantizar que se tengan en cuenta las diversas perspectivas y necesidades en el proceso de planificación y remodelación.
En los traslados forzosos deben protegerse los derechos de los residentes.
- El Gobierno de Victoria debería garantizar que los residentes que se trasladen de viviendas sociales a viviendas comunitarias disfruten de los mismos derechos y protecciones legales.
- El Gobierno de Victoria debería reforzar la supervisión y la regulación de los proveedores de vivienda social. De este modo, se abordarán las desigualdades en materia de protección jurídica, se reducirán las tasas de desahucio y se garantizará el mantenimiento adecuado de las propiedades, protegiendo así los derechos de los residentes.
- El Gobierno de Victoria debería abordar la cuestión de los «costes inmobiliarios adicionales» a los que se enfrentan los residentes de la comunidad. Garantizar que estos costes no superen los que se cobran en las viviendas públicas contribuirá a preservar el derecho a la vivienda de los residentes realojados.
- El Gobierno de Victoria debería modificar la Ley de la Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades para incluir explícitamente a los proveedores de vivienda comunitaria como autoridades públicas. Esta modificación garantizará que los proveedores de vivienda comunitaria estén sujetos a las mismas normas que la vivienda pública, lo que asegurará a los residentes las mismas protecciones y derechos.
- El Gobierno de Victoria debería ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de Libertad de Información de 1982 ( Vic) para incluir a los proveedores de vivienda social.
La vivienda social debe conservarse y protegerse.
- El Gobierno de Victoria debería comprometerse a conservar y proteger las viviendas públicas en el centro de Melbourne.
- El Gobierno de Victoria debería hacer frente a la grave escasez de viviendas sociales en el estado aumentando la proporción de viviendas públicas hasta alcanzar, como mínimo, la media nacional del 4 %.
- El Gobierno de Victoria debería garantizar que los residentes desplazados por el plan, como los del número 259 de Malvern Road, tengan derecho a volver a las viviendas públicas de sus complejos originales.
Desde el anuncio de la demolición del número 259 de Malvern Road, en South Yarra, Southside ha colaborado estrechamente con los residentes para comprender sus inquietudes respecto al impacto del proyecto y los traslados. El 31 de marzo de 2025, presentamos un informe oficial ante la Comisión de Investigación sobre la Reurbanización de las Torres de Vivienda Pública de Melbourne, en el que nos basamos en las opiniones de los residentes para formular 25 recomendaciones a la Comisión.
Puedes leer nuestra propuesta completa aquí.
