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El SWLP queda excluido del presupuesto de Victoria

El presupuesto estatal de Victoria para el ejercicio 2025/26 supuso una oportunidad para que el Gobierno reafirmara su compromiso con las personas que ejercen el trabajo sexual, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Despenalización del Trabajo Sexual de 2022 (Victoria).

Esta legislación de importancia mundial supuso un valiente paso adelante por parte del Gobierno laborista de Victoria. Sin embargo, sin una inversión adecuada para aplicar y dar a conocer la ley, el Gobierno corre el riesgo de quedarse corto con respecto a sus propias intenciones.

Un servicio jurídico dotado de los recursos necesarios y de acceso gratuito sigue siendo fundamental para el éxito de la despenalización del trabajo sexual en Victoria. Este servicio garantiza que la legislación se ponga a prueba, se respete y se haga realidad para aquellas personas a las que está destinada a proteger: las trabajadoras sexuales que, de otro modo, no podrían acceder a la justicia.

Desde 2022, el Programa Jurídico para Trabajadoras y Trabajadores Sexuales (SWLP) ha llevado a cabo más de 900 actuaciones jurídicas, prestando apoyo especializado a las trabajadoras y los trabajadores sexuales que se enfrentan a la discriminación, a conductas ilegales y a condiciones de trabajo inseguras. Las pruebas son claras: las trabajadoras y los trabajadores sexuales siguen enfrentándose a barreras sistémicas para acceder a la justicia y a entornos de trabajo inseguros. Sin acceso a una asistencia jurídica segura y especializada, muchos no pueden, o comprensiblemente no están dispuestos a, emprender acciones legales.

Esto socava no solo la eficacia de la ley, sino también la seguridad, la salud y la estabilidad económica de las personas que ejercen el trabajo sexual en todo el estado.

Hacemos un llamamiento a la comunidad, a nuestros aliados y a los defensores de esta causa para que pasen a la acción. Ayúdanos a exigir al Gobierno que rinda cuentas respecto a su propia visión de la despenalización.

Visita la página web de nuestra campaña para descargar una plantilla que te ayudará a escribir al fiscal general de Victoria. Necesitamos que muchas personas se unan para exigir que se mantenga la financiación de este servicio esencial. Envía tus cartas a attorney-general@justice.vic.gov.au.